jueves, 6 de noviembre de 2014

Garantizará Ley Anticorrupción aplicación correcta y clara de los recursos públicos

Garantizará Ley Anticorrupción aplicación correcta y clara de los recursos públicos

Hermosillo, Son. 6 de noviembre de 2014.- La Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora, aprobada hoy por unanimidad del Pleno, establece responsabilidades y sanciones que deberán imponerse a personas físicas y morales de nacionalidad mexicana o extranjera, por las infracciones en que incurran de forma directa o indirecta, con motivo de su participación en contrataciones públicas a nivel estatal o municipal.

Además fue aprobada por la asamblea la Ley que Establece el Derecho a Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en el Estado de Sonora, y el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los códigos Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, para aumentar la pena mínima a quien cometa el delito de abigeato y éste sea considerado como grave.

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán, autor de la iniciativa, presentó en segunda lectura el dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora, la cual, dijo, representa una muy importante primera parte de las bases que se construyen para recuperar la confianza de los sonorenses en las instituciones.

“Como diputados debemos de trabajar en el cumplimiento de nuestro deber constitucional para que cada recurso público sea bien invertido para el beneficio y mejora de la calidad de vida de las familias sonorenses”, expresó.

La Ley será aplicable a licitantes, invitados, proveedores, adjudicados o contratistas, permisionarios y concesionarios que participen en contrataciones públicas a nivel estatal o municipal, ya sea con el carácter de interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados o contratistas, permisionarios y concesionarios.

También incluye a accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en las contrataciones públicas, al igual que a los servidores públicos que participen, directa o indirectamente.

Establece la integración de órganos de control interno para interpretar y aplicar la Ley, además de reglamentar la investigación que procede al procedimiento administrativo sancionador, de oficio o por denuncia, y los faculta para requerir a las personas físicas y morales, públicas o privadas, la información necesaria para integrar la investigación, destaca el dictamen.

Las sanciones que de ello se deriven oscilarán, para las personas físicas, en multas de mil a 50 mil salarios mínimos y hasta la inhabilitación para participar en contrataciones públicas, de tres meses a ocho años.

Junto con esta nueva legislación se aprobó el Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que establece que, todo servidor público con funciones en materia de supervisión, inspección o vigilancia, incurrirá en responsabilidad administrativa si comete conductas como las que se enuncian a continuación:

Ocultar, en el ejercicio de su encargo, el documento que lo identifique como servidor público con funciones de supervisión, inspección o vigilancia; utilizar palabras o actos ofensivos o intimidatorios hacia los particulares; engañar a los ciudadanos en cuanto a infracciones o sanciones inexistentes en los reglamentos, o atribuirles infracciones o posibles sanciones contempladas en los reglamentos, entre otros.

Otra nueva Ley aprobada por la asamblea es la que Establece el Derecho a Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en el Estado de Sonora, que se fundamenta en una iniciativa de los diputados del grupo parlamentario de Nueva Alianza, Ismael Valdez López y José Lorenzo Villegas Vázquez.

De acuerdo a la exposición de motivos de esta norma, los legisladores argumentaron haber recibido varias peticiones de ciudadanos preocupados, tanto en lo particular, como a través de organizaciones de padres de familia, que les exigieron tomar cartas en el asunto para que no desaparezca este beneficio para los alumnos de Educación Básica Pública de la entidad.

Por esta razón, los legisladores decidieron darle fuerza de Ley al multicitado programa sexenal, con el propósito de que la entrega gratuita de uniformes escolares no dependa de la decisión del gobernante en turno y, por el contrario, se convierta en un derecho de aplicación obligatoria con cargo al Estado.

La Comisión de Educación y Cultura encargada de elaborar el dictamen valoró positivamente la propuesta de Ley, por considerar que este tipo de acciones gubernamentales deben trascender los periodos de gobierno estatal y fincarse como un derecho de las niñas, niños y adolescentes y, por supuesto, de sus padres, como es gozar de un uniforme escolar gratuito.

Al término de la presentación del dictamen, el diputado Vicente Terán Uribe propuso se adicione a la Ley la entrega de mochilas gratuitas, lo que la Comisión acordó analizar en su momento para que sea incluido en el presupuesto del próximo año y/o más adelante en la misma Ley.

Otra adición la propuso el diputado José Luis Marcos León Perea, para que en el Artículo 1° de la legislación se establezca que los uniformes serán elaborados con materiales de calidad. Dicha adición fue aprobada por la asamblea.

Con el objeto de aumentar el término mínimo de la pena ya establecida para el delito de abigeato e incluir a esta figura jurídica dentro del listado de delitos considerados graves, el Congreso del Estado aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los códigos Penal y Procesal Penal para el Estado de Sonora.

La diputada Mónica Paola Robles Manzanedo, quien presentó la iniciativa, dio a conocer al Pleno el dictamen elaborado sobre la misma por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que establece actualizar el marco punitivo estatal a la realidad que vive el sector ganadero local, el cual constituye una actividad importante para el desarrollo económico y social del Estado.

Se actualiza la tipología penal para que, dentro de este concepto, se sancione igualmente la conducta delictiva sobre otras especies animales, así como los bienes jurídicos del orden patrimonial necesarios para su producción, como maquinaria, insumos o equipos para la engorda de ganado o producción de leche, incluyendo el alimento, siempre y cuando se encuentren en el lugar de la producción y que se utilizan para el desarrollo de dichas actividades.

Al responsable del delito de abigeato se le aplicará de cuatro a diez años de prisión y de cuarenta a trescientos días multa, cuando el hecho se ejecute respecto de ganado bovino o porcino. Tratándose de ganado equino, ovino o caprino, la sanción será de uno a nueve años de prisión y de veinte a doscientos cincuenta días multa.

También para quien practique cacería furtiva de borrego cimarrón, venado cola blanca, venado bura, berrendo o jabalí de collar, siempre que se trate de semovientes ajenos. El delito quedó establecido como grave en el Artículo 187 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora.

Acuerdos e iniciativas
En esta plenaria se aprobaron dos acuerdos, el primero con exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo estatal para que, dentro del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2015, asigne recursos para la protección y preservación de áreas naturales protegidas, como el Estero del Soldado en el municipio de Guaymas.

El diputado Abraham Montijo Cervantes dijo que uno de los retos de mayor peso y alcance en la política ecológica es la constitución de un sistema eficaz de áreas naturales protegidas, por lo que establecerlo y desarrollarlo es una de las tareas de más alta prioridad para el gobierno y la sociedad.

El segundo Acuerdo aprobado resuelva solicitar al Tesorero Municipal de Cajeme, Sergio Gastélum Allard, se presente ante la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, conforme lo propuso el diputado Juan Manuel Armenta Montaño.

Expuso que el objetivo es que exponga los argumentos y presente los documentos necesarios para explicar los movimientos efectuados y las decisiones tomadas respecto a los bienes de todos los cajemenses durante 2013, mismos que fueron observados por el ISAF en la Cuenta Pública de dicho ejercicio.

El presidente de la mesa directiva, Luis Alejandro García Rosas, turnó a la Comisión de Energía y Medio Ambiente, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, presentada por los diputados Carlos Samuel Moreno Terán y Vernon Pérez Rubio Arteé.

Se busca promover que sean mayores las áreas de donación destinadas a áreas verdes y equipamiento urbano, y que por ningún motivo se puedan vender o cambien su uso, las cuales deberán entregarse con vegetación y preservar la existentes, además de que las unidades deportivas asfaltadas sólo sean áreas verdes.

Y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se envió para su estudio la iniciativa presentada por el diputado Raúl Augusto Silva Vela, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Sonora y un punto de acuerdo con exhorto al Poder Judicial del Estado de Sonora.

Expuso que el objeto es adicionar una fracción al referido Código para que se declare incapaz de adquirir cualquier bien por testamento, a las personas que según lo dispuesto en la Ley de Adultos Mayores, hayan cometido conductas de discriminación, abandono, desamparo, marginación abuso, explotación y violencia en contra de adultos mayores.



http://bit.ly/JZS8uH Recopilado por el Editor
Fuente:congresoson.gob.mx

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