Legisla el Congreso del Estado en temas de alto contenido social

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Hermosillo, Son. 29 de octubre de 2013.- Por primera vez quedará establecido en una normatividad del Estado de Sonora, una disposición que garantizará estabilidad física, mental y económica, desde el seno familiar, a los menores con alguna discapacidad, así como imponer sanciones a quienes hagan mal uso del número de emergencias 066, según aprobó el Pleno del Congreso del Estado.

Se trata de dos dictámenes que fueron votados por unanimidad de la asamblea, el primero con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 513 del Código de Familia para el Estado de Sonora, presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de proporcionar mayores herramientas a los grupos minoritarios y/o vulnerables.

Este Decreto, que surge de una iniciativa de los diputados Guadalupe Gracia Benítez, Karina García Gutiérrez, Rossana Coboj García, Abel Murrieta Gutiérrez y José Abraham Mendivil López, da cumplimiento a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado Mexicano, a través de la ratificación de los convenios y tratados internacionales, como quedará establecido en el Artículo 513 del Código de Familia para el Estado de Sonora.

La modificación consiste en agregar que, respecto de los menores discapacitados o declarados incapaces, los alimentos se prorrogarán durante el tiempo que persista su discapacidad o hasta lograr su rehabilitación y pleno desarrollo, y comprenden además, todos los gastos adicionales que se generen por la misma condición de los discapacitados o declarados incapaces.

El segundo dictamen, con base a una iniciativa del diputado Gildardo Real Ramírez, adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Sonora, mismo que presentó al Pleno la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a fin de imponer una sanción que va de dos meses a dos años de prisión, y multa de diez a 100 días de salario, a quien utilice los números de emergencia para dar un aviso que resulte falso.

Se ha convertido en un atractivo para ciertas personas que, por cualquier motivo, consideran una diversión movilizar a los cuerpos de seguridad, reportando emergencias falsas que distraen la atención de las autoridades que, sin saberlo, se ven obligadas a actuar equivocadamente, al dividir al personal disponible para que acuda a atender las emergencias reales y las ficticias, destaca el dictamen.

Agrega que en caso de reincidencia, se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de 50 a 200 días, y si la conducta del infractor provoca un accidente o daños, a consecuencia de una llamada o mensaje falso, se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa de 50 a 200 días de salario.

Además de que el uso indebido de números de emergencia se perseguirá de oficio por parte del Ministerio Público, y cuando las llamadas o mensajes falsos los realicen menores de edad, se sancionará con servicios a favor de la comunidad, de acuerdo a lo que dispone la Ley que Establece el Sistema de Justicia para Adolescentes.

Enviarán exhortos a diversas autoridades
En la misma sesión se aprobaron cuatro acuerdos para enviar exhortos a diversas autoridades, como lo plantearon los diputados Karina García Gutiérrez, José Luis Marcos León Perea, José Carlos Serrato Castell, Luis Ernesto Nieves Robinson Bours y Javier Antonio Neblina Vega.

La diputada García Gutiérrez propuso que este Poder exhorte al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, con el objeto de que a la brevedad posible se realicen las acciones necesarias, en el marco de sus atribuciones, para que previo a su inauguración se logre el pleno equipamiento y funcionamiento del nuevo Hospital General del Estado en el municipio de Caborca.

El segundo Acuerdo resuelve exhortar al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que, en el ámbito de sus facultades establecidas en la Ley General de Salud, a través de los programas contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, establezca como obligación el uso de una serie de leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberán figurar en los envases que contengan bebidas alcohólicas. Fue presentado por el diputado León Perea.

Un exhorto al titular del Poder Ejecutivo estatal para que, en uso de sus atribuciones, fomente el uso de otros medios de transporte que no sean vehículos privados de propulsión automotriz y a fomentar como cultura el uso de formas alternativas de transporte, aprobó el Pleno con base a una iniciativa de los diputados José Carlos Serrato Castell y Luis Ernesto Nieves Robinson Bours.

El cuarto Acuerdo se refiere a enviar un exhorto al Senado de la República para que modifique la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, con relación a la modificación de diversas disposiciones en materia fiscal para el ejercicio 2014, con el fin de evitar el deterioro en los ingresos de las familias mexicanas, según propuso el diputado Neblina Vega.

Iniciativas a comisiones
En el desarrollo de la sesión, la presidenta de la mesa directiva, diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, turnó a comisiones iniciativas presentadas por diversos diputados, la primera de éstas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación, del Código Penal y de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, presentada por el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero.

Expuso que es imperativo adecuar el marco normativo a la realidad social, por cuanto hace al fenómeno de agresiones escolares de incidencia cada vez mayor en el País, como es la práctica del llamado “cyberbullying”, que se ha vuelto muy frecuente en los niveles de Secundaria y Preparatoria. Se turnó a las comisiones de Educación, de Seguridad Pública, y de Justicia y Derechos Humanos.

A la de Justicia y Derechos Humanos también se envió la iniciativa presentada por la diputada Perla Zuzuki Aguilar Lugo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora.

Se busca que el Ministerio Público y los centros de readaptación social tengan la posibilidad de establecer justicia sin estar limitados en su tiempo de acción o ejecución de sentencias o sanciones, término conocido como imprescriptible que también sería aplicable a las sanciones de delitos como homicidio calificado, secuestro, pornografía infantil, trata de personas y otros.

La diputada Mónica Paola Robles Manzanedo propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, con el objeto de hacer conciencia en comenzar a separar la basura en orgánica e inorgánica, para reutilizar, reciclar y aprovechar los productos útiles que puedan ser separados a raíz de este proceso.

Agregó que la iniciativa obedece a la creciente preocupación por el deterioro ambiental causado por distintos tipos de medios para reducir la generación de residuos que diariamente se desechan. Se turnó a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos Municipales, unidas.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos envió la Presidencia la iniciativa presentada por el diputado Abraham Montijo Cervantes, con proyecto de ley del registro civil del Estado de Sonora, bajo el argumento de que es necesario renovar las disposiciones legales en la materia para adecuarlas y actualizarlas a las exigencias que plantea el desarrollo de la sociedad.

No se trata de innovar o cambiar substancialmente las bases de una institución que por su propia naturaleza, no resulta susceptible a reformas y cambios de fondo, sino que sólo se pretende otorgarle un grado de uniformidad y congruencia a sus actuales fundamentos legales.

Y a la misma comisión fue turnada la iniciativa presentada por el diputado Carlos Ernesto Navarro López, que busca derogar el Artículo 134 Bis del Código Procesal Penal para desaparecer la figura del arraigo, ya que por su duración, naturaleza y ejecución, considera que va en contra del principio de presunción de inocencia.

Agregó que el arraigo se ha usado en exceso y ha vulnerado en muchas ocasiones el principio constitucional de presunción de inocencia, establecido en el Artículo 20, Apartado B de la Carta Magna.

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