Establecen la “desaparición forzada” en los códigos Penal y Procesal Penal

Establecen la “desaparición forzada” en los códigos Penal y Procesal Penal

Hermosillo, Son. 31 de octubre de 2013.- La adecuación de la norma penal que rige en el Estado de Sonora, a fin de establecer la figura de la “desaparición forzada” dentro del capítulo de los delitos cometidos por los servidores públicos, aprobó el Pleno del Congreso del Estado, en sesión ordinaria en la que se eligió a la mesa directiva para el mes de noviembre, misma que presidirá el diputado Vicente Terán Uribe.

En lo que fue la última sesión del mes de octubre, encabezada por la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, la asamblea también aprobó tres acuerdos con exhortos a los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Salud, en el ámbito estatal, y a la Cámara de Diputados, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el ámbito federal.

El dictamen, que leyó el diputado Javier Antonio Neblina Vega, establece la figura de la “desaparición forzada” en el Código Penal y en el Código Procesal Penal para el Estado de Sonora y fue presentado al Pleno por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con base a iniciativas del grupo parlamentario del PAN y del diputado Carlos Ernesto Navarro López.

La “desaparición forzada” queda establecida dentro del capítulo de los delitos cometidos por los servidores públicos de la legislación punitiva, tal como lo propuso el grupo parlamentario, y se incluye el articulado propuesto por el diputado Navarro López y dicho delito en el capítulo correspondiente a los delitos graves en la norma procedimental penal.

Al Código Penal para el Estado de Sonora se le adiciona el Artículo 181 Bis para quedar de la siguiente manera:

“Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta, a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes.

“Este delito se considera permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima”.

Agrega una serie de reglas que van desde el Artículo 181 Bis 1 hasta el 181 Bis 11, en tanto en el Código Procesal Penal se reforma el párrafo cuarto del Artículo 187 para incluir la “desaparición forzada” entre los delitos calificados como graves.

Acuerdos con exhortos
El primer Acuerdo aprobado por el Pleno fue propuesto por los diputados Carlos Samuel Moreno Terán y Guadalupe Gracia Benítez, mediante el cual solicitaron a este Poder envíe un exhorto a los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Salud del Gobierno del Estado, para que se atienda la problemática de los mineros jubilados de Cananea, Sonora.

El diputado Moreno Terán expuso que son más de 2 mil mineros retirados titulares más sus familiares con derecho a servicio médico, en su mayoría personas de la tercera edad, que a la fecha no cuentan con un servicio médico formal, por lo que solicitan se garantice el respeto de sus derechos humanos, laborales y sociales.

Que se les otorgue la prestación a que se refiere el Acuerdo Vigésimo Séptimo contenido en el Acta Única del 11 de octubre de 1989, extensiva a sus familiares en los términos y condiciones establecidas, y que se cubran las cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de que reciban la pensión a que tienen derecho, solicitaron.

Enseguida la diputada Shirley Guadalupe Vázquez propuso y fue aprobado exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que designe en el presupuesto de egresos federal, una partida al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, especialmente etiquetada para llevar a cabo las evaluaciones educativas a docentes en las entidades federativas.

Al titular del Instituto Nacional de Evaluación Educativa se le solicitará que en uso de sus facultades designe recursos para llevar a cabo las evaluaciones educativas a maestros en las entidades federativas.

El tercer Acuerdo con exhorto que aprobó la asamblea está dirigido a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el objeto de que a la brevedad posible intervengan para que los productores pesqueros de ribera del Estado de Sonora, sean sujetos al mismo criterio utilizado en diversas entidades federativas.

Esto es respecto de la tramitación y pago de los derechos por expedición de permisos de pesca comercial, sostuvo el diputado Carlos Enrique Gómez Cota, que en conjunto con el diputado Abraham Montijo Cervantes, presentó la iniciativa, en la que también solicitan que los permisos se otorguen por una vigencia de cinco años y que se agilice el trámite de las solicitudes de permisos de pesca comercial que se encuentran pendientes de resolución.

A comisiones dos iniciativas
En el desarrollo de la sesión del Pleno, el diputado Ismael Valdez López presentó una iniciativa con proyecto de ley de bibliotecas del Estado de Sonora, con el propósito de regular el uso, funcionamiento, la organización, la coordinación y la creación de bibliotecas públicas en el Estado de Sonora para difundir el pensamiento, la cultura, acceder a la recreación y a la información contenida en libros y en documentos en cualquier formato.

Además como una herramienta de apoyo para la Educación, indicó, de manera que se cree un vínculo entre el individuo y las bibliotecas, toda vez que el Estado no cuenta con una legislación que regule las bibliotecas públicas, por lo que resulta necesario normar al respecto mediante esta iniciativa que consta de 23 artículos. Se turnó a la Comisión de Educación y Cultura.

Por su parte el diputado Humberto Jesús Robles Pompa presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Sonora, la cual busca garantizar el acceso al registro universal, gratuito y oportuno para todos los niños y niñas en el Estado de Sonora, en complemento con las reformas aprobadas por esta Soberanía en materia de derecho a la identidad.

En atención al carácter determinante que tiene el registro de nacimiento tanto para la vida de los niños y niñas como para la organización misma de las políticas públicas, a nivel mundial y regional se ha priorizado el tema, reconociéndose como una agenda pendiente con desafíos estructurales, culturales y geográficos que es urgente atender, expuso. La iniciativa se envió para su estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En la sesión ordinaria se le dio primera lectura por parte del diputado José Luis Marcos León Perea, al dictamen presentado por la Segunda Comisión de Hacienda, con proyecto de decreto que autoriza al Ayuntamiento de Puerto Peñasco a celebrar una operación de arrendamiento o arrendamiento financiero, según considere pertinente, y afecte los ingresos que por concepto de alumbrado público le corresponden a dicho Municipio.

Antes de clausurar la sesión, el Pleno eligió por unanimidad a la mesa directiva que a partir de este viernes 1° de noviembre estará integrada por los diputados Vicente Terán Uribe, como presidente; Juan Manuel Armenta Montaño, como vicepresidente; Abraham Montijo Cervantes, como primer secretario; Perla Zuzuki Aguilar Lugo, como segunda secretaria e Hilda Alcira Chang Valenzuela, como suplente.

La diputada presidenta, Shirley Guadalupe Vázquez Romero, agradeció a sus compañeras legisladoras que integraron junto con ella la mesa directiva de octubre, mes que calificó como muy importante por la oportunidad que les dio de participar en actividades como campañas de prevención del cáncer y acciones para apoyar a las mujeres sonorenses.

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